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Ventajas para las pymes en la nueva Ley de Contratos Públicos

Nueva Ley de Contratos Públicos y las ventajas para las Pymes

Lectura: 4 min | 25 Ene 18

El nuevo año trae una nueva Ley de Contratos Públicos con ventajas y reclamaciones históricas para las pymes. Ya se ha aprobado, aunque entra en vigor en marzo. Así lo indica el Boletín Oficial del Estado. ¿Cuáles son esas novedades?

La Ley de Contratos Públicos

Hablamos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se trata de una transposición de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho de una forma más prosaica, el Estado incorpora a su ordenamiento jurídico una norma que viene de Europa. Es obligatoria, aunque en el caso de España se ha realizado con cierto retraso. Además, pese a que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de noviembre, esta tendrá vigencia pasados cuatro meses, es decir, desde el 9 de marzo.

La nueva Ley de Contratos conseguirá una mayor transparencia

En resumen, la nueva ley facilitará el acceso de pequeñas y medianas empresas a contratos de obras y servicios con las administraciones públicas, con todas las administraciones públicas. Desde las municipales hasta las estatales.

Son estas compañías las que tienen un músculo financiero menos desarrollado. Ésta cuestión se tiene en cuenta para que los pliegos de condiciones de los servicios que la Administración oferte no supongan un agravio.

Novedades y ventajas para Pymes

De un lado, podemos hablar de una fase diagnóstica. La Administración está obligada a señalar cuáles son las debilidades de las Pymes a la hora de acceder a un concurso. Hablamos de cuestiones técnicas, pero también financieras que pesan en una pequeña o mediana empresa. Todo se resumirá en un cuestionario que deberán cumplimentar de forma obligatoria. Tal y como indican las directivas mencionadas.

Una vez realizado el diagnóstico, se deben proponer alternativas para elaborar concursos en los que las pymes tengan más oportunidades.

Lo bueno es que sabremos si las medidas funcionan o no debido a que ahora es obligatorio aportar el dato de cuántas pymes han podido participar. Una laguna que hasta ahora se daba mucho en los concursos realizados por ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Pero, ¿qué es una pyme en la ley? En este caso la definición no varía de la que ya conocíamos. Se entenderá por pyme aquella empresa que tenga menos de 250 trabajadores y con un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros.

También hay cuestiones interesantes para las pymes respecto a los plazos de pago. Los retrasos conllevan la exigencia implícita de un músculo financiador que no todas las empresas pueden soportar. Hasta ahora era posible superar los plazos legales vigentes siempre que existiese pacto entre las partes. Pero en la mayoría de casos el pacto no se da entre iguales y se puede acabar convirtiendo en la ley del más fuerte.

Este punto ha sido largamente reclamado por las pymes. Beneficia a aquellas que trabajen directamente con las Administraciones Públicas. También a las que sean subcontratistas de otras compañías más grandes.

La nueva Ley de Contratos Públicos incide en los plazos

Como ha resumido recientemente la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, que agrupa a pequeñas y medianas empresas del país, estos son los puntos que han mejorado respecto al borrador de ley:

  • Plazos de pago. Ya no es posible pactar plazos de pago superiores a los que indica la ley. ¿Cuáles son esos plazos? 30 días para las Administraciones Públicas y 60 para las empresas privadas. Hay que tener en cuenta que las cifras mejoran pero el cumplimiento todavía está lejos. El periodo medio de pago está en 80 días. Y eso que “es uno de los periodos más cortos desde 2010”, como indica el último Boletín de morosidad y financiación empresarial, que publica trimestralmente Cepyme.
  • Cómputo de los plazos. Esta cuestión también era peliaguda. El proyecto de ley indicaba que los plazos comenzaban a correr desde la fecha de emisión de la factura. Ahora se contará desde la fecha de entrega del bien o el servicio.
  • Subcontratación. La Administración podrá realizar pagos directamente a los subcontratistas. Aunque esto debe venir indicado en los pliegos de condiciones. También se podrá comprobar que los contratistas cumplen sus obligaciones de pago con los subcontratistas. Como indica el apartado 2 del artículo 217, “las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento, serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.”

Por tanto hay un antes y un después. Son una serie de novedades que los pequeños llevan poniendo sobre la mesa desde hace tiempo. Ahora hay que marcar una fecha en el calendario: 9 de marzo Es el día en el que la nueva Ley de Contratos entrará en vigor.

 

Sobre el autor:

Daniel Hernández. Periodista especializado en asuntos de empresa y Pymes.

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